Como sabéis quienes me seguís en Youtube, hace unas semanas hice un directo sobre el conflicto palestino-israelí, enfocándome en su trasfondo religioso e histórico. Desde entonces han sido varias per-sonas las que me han mencionado al antropólogo sociocultural Francisco Gil-White, el cual presenta el conflicto palestino-israelí como un enfrentamiento Israel contra Hamás, afirmando que constituye "un nuevo capítulo de la milenaria guerra del Bien contra el Mal". Ya expliqué en el vídeo por qué esto no es una lucha entre buenos y malos y de la enorme falta de responsabilidad que supone presentarlo en estos términos. Además, Gil-White habla también de una guerra política contra el Estado de Israel, cuando una amplia mayoría de la comunidad internacional mira hacia otro lado mientras se comete un genocidio en la Franja de Gaza. Y sí, hablo de genocidio, a pesar de que Gil-White lo niegue y en su identificación "Hamás = palestinos" diga que son los nuevos nazis (parte de razón no le falta, tal como explico también en el ví-deo, donde analizo los estatutos y objetivos de Hamás). Pero sigue negando la gravedad de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Y yo sigo insistiendo: cuando los expertos internacionales en limpieza ét-nica y genocidio llaman a lo que está pasando "limpieza étnica y genocidio", personas que se pasan toda la vida estudiando esos dos fenómenos, ¿por qué será? Se defiende que ni lo uno ni lo otro, sencillamente es un acto de legítima defensa. He pasado días recibiendo mensajes de gente que intenta convencerme de que Israel sólo se está defendiendo y que tiene derecho a ello.
Era evidente que Israel iba a devolver el golpe y la agresión, pero es problemático plantearlo en tér-minos del derecho a la defensa, invocado desde artículos de derecho de la ONU: esos artículos no aplican en realidad, ya que Israel es la fuerza ocupante y la ocupación por definición es agresión. El agresor no puede defenderse legalmente de los ataques para repeler esa agresión por parte del agredido, según los propios artículos de derecho internacional invocados por Israel. Además, ese tipo de recurso legal a la de-fensa funciona cuando un Estado se defiende de otro Estado mediante actos de guerra, pero Hamás no es un Estado. La Franja de Gaza no es un Estado. De hecho, el propio Israel no reconoce a Palestina como un Estado: el partido de gobierno, en su carta fundacional, dice que no reconoce a Palestina como un Es-tado. Así que, aunque es entendible que haya una agresión por parte de Israel en respuesta a los atentados de Hamás, plantearla en términos de derecho a la legítima defensa enturbia las aguas. Y alguien podrá de-cir: "¿cómo puedes decir que Israel está ocupando Gaza cuando salió de Gaza hace más de veinte años?" Pues sí, es verdad, sacaron las colonias de Gaza; pero para todas las organizaciones de DDHH actuales, Gaza sigue siendo un territorio ocupado, ya que Israel controla el acceso al agua y la luz, los derechos de pesca, el espacio marítimo, el espacio aéreo, el espacio electromagnético, el acceso a Internet, las redes de comunicaciones, la comida que entra y sale de Gaza, entre otras cosas. Entonces se demuestra que no hace falta ocupar físicamente un territorio, no hace falta tener colonias presentes para hablar de un terri-torio ocupado. Pero aún si no se quiere hablar de ocupación en Gaza, se puede hablar de ocupación y co-lonización en Cisjordania, donde Israel no sólo no ha retirado sus colonias, sino que a cada mes que pasa quitan más terreno a los palestinos, negándoles su derecho a la propiedad, a sus hogares y a la libertad.
En este sentido es de agradecer la honestidad de los primeros padres del sionismo en la primera mi-tad del siglo XX. Por ejemplo, Zeev Jabotinsky (1880-1940), fundador del Irgún, dijo que estaban en un proceso de colonización, y que sólo hay dos opciones en un proceso de este tipo: o detenerse o hacer lo que hubiese que hacer sin importar la población nativa. Pero alguien puede decir: "¿acaso Israel no tiene derecho a un Estado?" Esta cuestión la planteo también en el vídeo: el "derecho a un Estado" sencilla-mente no existe. Ninguna nación tiene ese derecho. Otra cosa es que se tenga simpatía por un colectivo minoritario, desfavorecido y perseguido; y que se le quiera ayudar a habitar un territorio que puedan llamar suyo donde no sean perseguidos. Pero esto aplica no sólo a los judíos (los únicos que lo han conseguido), sino también a los gitanos, a los kurdos, a los rohinyas y a tantos otros colectivos humanos perseguidos y olvidados por la comunidad internacional. Yo tengo mucha simpatía por todos estos grupos, pero no pue-do asumir que ninguno de ellos tenga derecho a un Estado. Ni siquiera los palestinos tienen derecho a un Estado. Ni los españoles, ni ninguna otra nación. Hay naciones que funcionan sin Estado y hay Estados que colapsan y caen sin que por ello desaparezca la nación que estaba allí. Los pueblos tienen derecho a la autodeterminación, pero no al Estado. Entonces estaría bien que quien invoca el derecho de Israel utilizara el lenguaje mucho más honesto de los padres del sionismo del pasado siglo: "queremos un Estado y hare-mos lo que tengamos que hacer para obtenerlo." Y lo decían abiertamente: si hay que sacar a todo el mundo lo sacamos, si hay que hacer limpieza étnica, se hace; si hay que matar, se hace; porque estamos en un proceso de colonización. Ese es un lenguaje más honesto que el que se escucha hoy en día.
Quienes tratan de convencer a los demás de la legitimidad de las políticas de Israel, quizá no ve (o lo que es peor, no quiere ver) el comportamiento de Israel con los palestinos. Como todos sabemos, el pasa-do 7 de octubre de 2023 comenzó una escalada de violencia con el lanzamiento de cohetes por Hamás contra Israel y con una operación sin precedentes de sus combatientes contra el sur de Israel. Por su parte, Israel respondió bombardeando cientos de objetivos en la franja de Gaza. Amnistía Internacional ha recordado que atacar deliberadamente a civiles, llevar a cabo ataques desproporcionados y ataques in-discriminados que causan la muerte o hieren a civiles son crímenes de guerra. El permanente sistema de gobierno opresivo y discriminatorio impuesto por Israel a la población palestina en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) constituye un régimen de apartheid, considerado un crimen de derecho in-ternacional. En agosto del pasado año, las fuerzas israelíes lanzaron una ofensiva de tres días contra la Franja de Gaza ocupada, durante la cual cometieron presuntos crímenes de guerra. Esto agravó el impac-to de un bloqueo israelí que, con sus 15 años de duración, equivalía a un castigo colectivo ilegal y fragmen-taba aún más el territorio palestino. Israel intensificó la represión de la libertad de asociación de la pobla-ción palestina. También impuso restricciones arbitrarias a la libertad de circulación y cierres equivalentes a castigos colectivos, sobre todo en el norte de Cisjordania, supuestamente como respuesta a los ataques armados palestinos contra soldados y colonos israelíes. Durante el año 2023 se produjo un aumento del número de personas palestinas que murieron por homicidio ilegítimo o resultaron gravemente heridas a manos de las fuerzas israelíes en incursiones efectuadas en Cisjordania. Las detenciones administrativas de personas palestinas alcanzaron su nivel más alto en 14 años, y continuaron las torturas y otros malos tra-tos. Las fuerzas israelíes demolieron otra vez (la número 211) la aldea de Al Araqib, en el Néguev/Naqab. A otras 35 localidades beduinas palestinas situadas en Israel se les seguía negando el reconocimiento oficial, y sus residentes se enfrentaban a posibles traslados forzosos. Las autoridades no tramitaron las solicitudes de asilo de miles de personas e impusieron restricciones a su derecho al trabajo.
En marzo, el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los Territo-rios Palestinos Ocupados determinó que “el sistema político de gobierno arraigado” en la Cisjordania ocu-pada y la Franja de Gaza “satisfac[ía] el criterio probatorio imperante para la existencia del apartheid”. En noviembre, el relator especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada llegó a la misma con-clusión respecto a las políticas israelíes de demolición de viviendas. Algunos Estados, entre ellos Sudáfrica, condenaron el apartheid israelí, haciéndose eco de las declaraciones de organizaciones de derechos huma-nos palestinas, israelíes e internacionales. A pesar de este creciente reconocimiento, Israel siguió gozando de impunidad gracias al apoyo de sus principales aliados. En octubre, la Comisión Internacional Indepen-diente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado (incluida Jerusalén Oriental) e Israel conclu-yó que la ocupación de los Territorios Palestinos Ocupados era ilegal debido a su carácter permanente y a las medidas adoptadas por Israel para anexionarse partes del territorio palestino, tanto en la ley como en la práctica. En 2022, estas medidas habían incluido la autorización con efectos retroactivos de los puestos de avanzada, avaladas incluso por el Tribunal Supremo israelí.
En noviembre de 2022 Israel celebró sus quintas elecciones en tres años tras el colapso de un go-bierno de coalición de ideología diversa, que había seguido discriminando a la población palestina a ambos lados de la Línea Verde. El voto estuvo polarizado entre los partidarios y los detractores del ex primer mi-nistro Benjamin Netanyahu, pero se mantuvo el consenso respecto a mantener la ocupación israelí de los territorios palestinos y sirios. El bloque de derechas, liderado por Benjamin Netanyahu y una coalición na-cionalista religiosa, obtuvo la mayoría de los escaños y formó gobierno en diciembre. En febrero del pasa-do año, Amnistía Internacional publicó un informe de 280 páginas en el que mostraba cómo Israel estaba imponiendo un régimen de opresión y dominación institucionalizado contra el pueblo palestino allí donde ejercía control sobre sus derechos, fragmentando y segregando a las personas palestinas ciudadanas de Is-rael, a la población residente en los Territorios Palestinos Ocupados y a las personas palestinas refugiadas a las que se negaba el derecho al retorno. Actos crueles e inhumanos como la confiscación masiva de tie-rras y propiedades, los homicidios ilegítimos, las lesiones graves, los traslados forzosos, las restricciones ar-bitrarias de la libertad de circulación y la denegación de la nacionalidad, entre otros, hacían a las autorida-des israelíes responsables del crimen de lesa humanidad de apartheid, que es competencia de la Corte Penal Internacional. En marzo, las autoridades israelíes volvieron a promulgar la Ley de Nacionalidad y En-trada en Israel (Orden Temporal), que imponía restricciones drásticas a la reagrupación familiar de perso-nas de nacionalidad o residencia israelí y sus cónyuges procedentes de los Territorios Palestinos Ocupa-dos, con el fin de mantener una mayoría demográfica judía. En julio, el Tribunal Supremo israelí ratificó una ley que autorizaba a la ministra del Interior retirar la ciudadanía a las personas condenadas por actos que supusieran “deslealtad al Estado”. Desde que se promulgó en 2008, la aplicación de esta ley sólo se había planteado contra ciudadanas y ciudadanos palestinos. El 20 de septiembre, el Tribunal de Apelación israelí aprobó la revocación de los permisos de estancia o residencia temporal de 10 personas palestinas (4 menores, 3 mujeres y 3 hombres) que vivían en Jerusalén, por ser parientes lejanos de un hombre palesti-no que había cometido un atentado. El 18 de diciembre, Israel deportó al defensor de los derechos huma-nos franco-palestino Salah Hammouri, tras revocarle su permiso de residencia en Jerusalén Oriental.
El 5 de agosto, Israel lanzó una ofensiva en la Franja de Gaza contra Yihad Islámica y su brazo arma-do, en la que destruyó o dañó unas 1.700 viviendas palestinas y desplazó a cientos de civiles. El ejército israelí y los grupos armados palestinos cometieron presuntos crímenes de guerra durante los tres días de enfrentamientos. Según la ONU, en ese ataque murieron 49 personas palestinas, de las que 31 eran civi-les. Amnistía Internacional constató que las fuerzas israelíes habían sido responsables de la muerte de 17 de los civiles (entre ellos 2 niñas y 6 niños), y que otros 7 civiles (4 de ellos niños) habían muerto a conse-cuencia del impacto de un cohete fallido presuntamente lanzado por un grupo armado palestino. El 7 de agosto, un misil israelí, al parecer disparado por un dron, alcanzó el cementerio de Al Faluya, en el campo de refugiados de Yabalia, con el resultado de 5 niños muertos y otro herido, en un aparente ataque directo contra civiles o un ataque indiscriminado.
Las fuerzas israelíes mataron a 151 personas palestinas en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental, e hirieron a 9.875 personas, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU en los Territorios Palestinos Ocupados, en un contexto en el que habían aumentado las incursiones militares con uso excesivo de la fuerza, incluidos homicidios ilegítimos y presuntas ejecuciones extrajudi-ciales. La organización Defensa de Niñas y Niños Internacional – Palestina informó de que las fuerzas o los colonos israelíes habían matado a 36 niños y niñas en Cisjordania y Jerusalén Oriental. El 11 de mayo, soldados israelíes mataron a Shirin Abu Akleh, la corresponsal palestino-estadounidense de Al Yazira, e hi-rieron a un compañero suyo mientras ambos cubrían una incursión del ejército israelí en el campo de refu-giados de Yenín. En septiembre, las autoridades israelíes admitieron que era “probable” que un soldado is-raelí hubiera matado a la periodista, pero concluyeron que no se había cometido ningún delito.
En Cisjordania, las comunidades palestinas siguen estando controladas y fragmentadas por 175 pues-tos de control permanentes y otros controles de carretera, así como por decenas de barreras irregulares temporales y un régimen de permisos draconiano, respaldado por un represivo sistema de vigilancia bio-métrica. En octubre, las autoridades israelíes impusieron nuevas restricciones a la libertad de circulación en la Cisjordania ocupada, supuestamente como respuesta a los ataques palestinos contra soldados y civi-les israelíes, mediante cierres generalizados y arbitrarios que perturbaron gravemente la vida cotidiana y supusieron un castigo colectivo ilegal. En abril, el ejército israelí cerró los puestos de control de entrada a Yenín, una medida que parecía destinada a asfixiar los negocios de la ciudad y las actividades comerciales con ciudadanos y ciudadanas palestinos de Israel. En octubre, las fuerzas israelíes volvieron a imponer un cierre en Yenín y además cerraron Nablús durante tres semanas, así como el campo de refugiados de Shu-fat, en la Jerusalén Oriental ocupada, durante más de una semana, lo que afectó gravemente a la libertad de circulación de la población civil palestina residente en esas zonas (hablamos de cientos de miles de per-sonas) y restringió su acceso a la asistencia médica y a otros servicios esenciales. Según la Oficina de Coordinación de las Actividades en los Territorios (COGAT), unidad del Ministerio de Defensa, Israel revocó los permisos laborales en Israel de 2.500 palestinos y palestinas como forma de castigo colectivo.
En octubre entró en vigor un nuevo procedimiento establecido por las autoridades militares israelíes que restringía la posibilidad de que las personas con pasaporte extranjero vivieran con sus cónyuges pales-tinos en Cisjordania, ya que limitaba sus visados a un máximo de seis meses y obligaba a las parejas a solici-tar la residencia permanente en Cisjordania, lo que estaba sujeto a la aprobación israelí. En Gaza, el blo-queo ilegal israelí entró en su decimosexto año. Según la organización de derechos humanos de Gaza Al-Mezan, 9 pacientes, 3 de ellos menores, murieron mientras esperaban permisos israelíes para recibir trata-miento vital fuera de la Franja de Gaza, en medio de un complejo enredo burocrático entre Israel, la Auto-ridad Palestina y la administración de Hamás. La única central eléctrica de Gaza se vio obligada a cesar su actividad durante dos días en agosto debido al cierre israelí de todos los pasos fronterizos durante una se-mana, lo cual impidió el suministro de combustible. Decenas de miles de personas palestinas seguían expuestas a sufrir desalojos forzosos en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, entre ellas unas 5.000 que vivían en comunidades de pastores del valle del Jordán y las colinas del sur de Hebrón. Las autoridades israelíes demolieron unas 952 estructuras palestinas en toda Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, lo que provocó el desplazamiento de 1.031 personas palestinas y afectó a los medios de vida de miles de personas más.
El 4 de mayo, el Tribunal Supremo israelí confirmó la decisión de trasladar forzosamente a más de 1.000 residentes de sus tierras ancestrales en Masafer Yatta, en las colinas del sur de Hebrón, que Israel había designado como “Zona de Tiro 918”, un área de entrenamiento militar cerrada al acceso de la pobla-ción palestina. En julio, el Tribunal Supremo israelí legalizó el asentamiento de Mitzpe Kramim, construido en tierras de propiedad privada palestina en la Cisjordania ocupada, alegando que había sido “adquirido de buena fe”. Revocaba así su decisión de 2020, que ordenaba al gobierno evacuar el asentamiento. Según la OCAH, en Jerusalén Oriental y Cisjordania volvió a aumentar en 2022 por sexto año consecutivo la vio-lencia de los colonos respaldada por el Estado contra la población palestina, hasta alcanzar su punto álgido en octubre, durante la temporada de recogida de la aceituna. El ejército y la policía israelíes siguieron sin investigar las denuncias de personas palestinas respecto a estos actos de violencia. En Israel, las autorida-des seguían negándose a reconocer oficialmente 35 aldeas palestinas del Néguev/Naqab, privándolas así de servicios esenciales. En enero, la Autoridad de Tierras Israelí y el Fondo Nacional Judío comenzaron a plantar árboles en tierras pertenecientes al pueblo de Saawa al Atrash, en el Néguev/Naqab, para conse-guir el traslado forzoso de la población palestina. En diciembre, las autoridades israelíes demolieron otra vez (la número 211 desde 2010) jaimas y estructuras en Al Araqib.
Las autoridades israelíes incrementaron el uso de la detención administrativa, lo que provocó un boi-cot masivo a los tribunales militares israelíes por parte de cientos de personas detenidas, entre ellas Salah Hammouri, que inició una huelga de hambre junto con otras 29 personas para protestar por su detención sin cargos ni juicio. A fecha de 31 de diciembre, había alrededor de 866 personas (todas palestinas menos dos) detenidas administrativamente, la cifra más alta en 14 años. El 15 de abril, la policía israelí detuvo a más de 400 personas palestinas, entre ellas niños y niñas, periodistas y fieles, durante un asalto al recinto de la mezquita de Al Aqsa, en la Ciudad Vieja de Jerusalén. Según la Media Luna Roja Palestina, al menos 152 personas palestinas resultaron heridas por balas de goma, munición real y granadas aturdidoras, ade-más de recibir golpes. Después de varias horas, la mayoría fueron puestas en libertad.
Las fuerzas israelíes continuaron torturando y sometiendo a otros malos tratos a personas palestinas detenidas. Como en años anteriores, la Mahash, unidad de investigación interna de la policía, no investigó debidamente las denuncias de tortura. El 24 de noviembre, el Tribunal de Distrito de Beersheba prorrogó la reclusión en régimen de aislamiento de Ahmad Manasra, encarcelado en 2015 cuando tenía 13 años, y recluido durante cuatro meses en régimen de aislamiento desde noviembre de 2021, un acto equivalente a tortura. Ese mismo tribunal había rechazado en septiembre el recurso por el que solicitaba ser puesto en libertad anticipada por motivos médicos, a pesar de su grave estado de salud mental. El 18 de agosto, soldados israelíes asaltaron las oficinas de siete organizaciones palestinas de la sociedad civil en Ramala y destrozaron equipos, confiscaron archivos y dictaron órdenes de cierre en virtud del Reglamento de De-fensa (de Emergencia) de 1945. El 29 de septiembre, el Comité Electoral Central israelí inhabilitó al par-tido palestino Balad para presentarse a las elecciones parlamentarias israelíes porque pedía “un Estado pa-ra todos los ciudadanos”, en violación de la Ley Fundamental de Israel. El Tribunal Supremo israelí revocó esa decisión en octubre. El 24 de noviembre, el ejército israelí renovó por cuarta vez y durante 45 días la detención de cuatro adolescentes judíos israelíes, una chica y tres chicos. Se trataba de Einat Gerlitz, Ev-yatar Moshe Rubin, Nave Shabtay y Shahar Schwartz, encarcelados en septiembre por haberse negado a ser reclutados para el servicio militar obligatorio alegando motivos de conciencia.
El 28 de junio, el gobierno presentó un proyecto de ley sobre el clima que proponía reducir las emi-siones de gases de efecto invernadero de Israel en un 27% antes del fin de 2030. Al concluir el año, el proyecto seguía pendiente. Por otra parte, el complejo militar–industrial de Israel, incluida su ofensiva de agosto en Gaza, agravó los daños ambientales causados en ataques anteriores que siguió sin tener en cuenta. En marzo, aviones israelíes reanudaron las fumigaciones aéreas con herbicidas en la zona temporal de seguridad de la Franja de Gaza, lo que causó daños en las tierras de cultivo palestinas.
Los horrores siguen y siguen, yo lo dejo aquí porque sinceramente el estómago no me permite conti-nuar. Por todo esto y más, cada vez que un israelí dice que todos los palestinos son terroristas y que hay que matarlos a todos y un occidental le da la razón implícita o explícitamente, se me revuelve el estómago. Pero sí quiero cerrar esta nota con un último apunte. Y es que ayer mismo una amiga me hacía llegar por whatsapp algunos mensajes del grupo de un profesor de cábala muy respetado e incluso diría venerado en el mundo de habla hispana. Y este señor decía que mientras los palestinos humillaban a las mujeres, Israel tenía todas las deferencias hacia ellas, y se preguntaba dónde estaban las feministas cuando Hamás co-metía violencia sexual contra ella. Bueno, resulta que en Israel, el matrimonio y el divorcio siguen siendo competencia exclusiva de los tribunales religiosos, lo que supone una discriminación sistemática de la mu-jer en cuestiones de condición jurídica. A pesar de la protección legal contra la violencia de género en el ámbito familiar, 24 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o familiares, según la policía israelí. Unas 69 mujeres fueron asesinadas entre enero de 2020 y agosto de 2022. La policía no llegó a resolver el 58% de los 40 femicidios cometidos contra mujeres palestinas en Israel durante ese periodo, mientras que sí se resolvieron los 29 femicidios de mujeres israelíes judías cometidos entre las mismas fechas.
Otra muestra del doble rasero del gobierno israelí es con respecto a los derechos de las personas re-fugiadas y migrantes: Israel acogió a decenas de miles de personas que huían de Ucrania y permitió que miles de ucranianos judíos se establecieran en virtud de la Ley del Retorno de 1950, mientras seguía ne-gando a las personas refugiadas palestinas su derecho al retorno. Israel siguió rechazando las solicitudes de asilo de casi 30.000 personas africanas, principalmente de Eritrea y Sudán. En 2021, por decisión judi-cial, más de 2.000 solicitantes de asilo de nacionalidad sudanesa procedentes de Darfur, Nilo Azul y las montañas de Nuba obtuvieron permisos de residencia temporales, incluido el acceso al seguro nacional de salud y otras prestaciones. En octubre, una comisión nombrada por la ministra del Interior israelí concluyó que las personas solicitantes de asilo de Darfur y las montañas de Nuba ya no corrían peligro de sufrir per-secución por motivos étnicos y podían ser devueltas sin peligro a Jartum, capital de Sudán, lo que suscitó preocupación por una posible marcha atrás en la política general israelí de no deportación. En octubre en-tró en vigor una normativa gubernamental que prohibía a unas 20.000 personas solicitantes de asilo tra-bajar en 17 ciudades israelíes, a menos que buscaran empleo en los sectores de la construcción, la agri-cultura, la hostelería y la enfermería institucional.
Así que cuando todos estos horrores pretenden taparse con el manido y falaz "Israel tiene derecho a defenderse", me averguenzo de los niveles de inhumanidad a los que estamos llegando.